Vecinos de Caucete hicieron saber públicamente que era vox populi que el sistema de cable reproducía las señales de DirecTV

Intervino hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia la hizo la multinacional DirecTV. Por qué procedió la Policía Federal y el polémico rol de la flamante juez de Paz de Caucete. Por Gustavo Martínez Puga

 Detrás de las dos camionetas de la Policía Federal Argentina arribando a Caucete para allanar la oficina de la empresa de televisión por cable del exintendente Emilio Mendoza y un estudio jurídico, se esconde una causa repleta de ribetes que parecen tomados de una película.

LA FEDERAL

 Los allanamientos de este miércoles al mediodía fueron ordenados por el juez Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción. Eso generó un mar de dudas: ¿qué hacía la Policía Federal, una fuerza de seguridad nacional, respondiendo a órdenes de un juez del fuero local?

Se trató de un pedido de colaboración que encierra una fuerte cuota de expriencia judicial.

Es que los dos domicilios allanados tenían como protagonistas a personas con mucho poder.

Por un lado, el exintendente e histórico dirigente peronista, Emilio Mendoza, quien además es un acaudalado empresario en Caucete. Por otro lado, también fue allanado el estudio jurídico (Diagonal Sarmiento 691) en el que hasta dos semanas trabajaba como abogada la sobrina de Mendoza, Silvina Luciana Salvá Mendoza, quien además fue designada como Jueza de Paz Letrada de Caucete el 14 de diciembre último.

La decisión de que el allanamiento fuera realizado por la Policía Federal Argentina respondió a la intención de cuidar a la Policía de San Juan, y también al procedimiento, debido a que los efectivos locales podrían haberse visto presionados por la relación cotidiana, lo que no ocurre con la fuerza de seguridad nacional.

También fue una forma de garantizar que los allanamientos no sufrieran alteraciones y se produjeran todos los secuestros.

Según fuentes del procedimiento, la flamante jueza de Paz de Caucete no habría tratado correctamente a quienes realizaron el procedimiento. Y justamente eso es lo que se intentó evitar con el pedido de colaboración a la Federal.

 Es de esperar que ahora la jueza de Paz Silvina Luciana Salvá Mendoza explique por qué en su estudio jurídico se reproducía ilegalmente las señales de DirecTV.

LA MULTINACIONAL

Otra gran duda que generó el sorpresivo procedimiento tiene que ver con esos dos domicilios allanados: ¿por qué sólo esos dos lugares y no el de otros clientes del sistema de cable de Caucete?

Según pudo confirmar Tiempo de San Juan, se allanaron esos dos lugares porque son los domicilios que los denunciantes dieron.

La denuncia fue realizada directamente por las autoridades de la multinacional DirecTV, a través de apoderados legales. Y precisaron que en esos dos lugares la empresa Caucete TV reproducía sus señales ilegalmente.

Por eso la Policía Federal Argentina allanó allí y secuestró decodificadores de la empresa DirecTV que habrían sido usados ilegalmente por Caucete TV.

Vecinos de Caucete hicieron saber públicamente que era vox populi que el sistema de cable reproducía las señales de DirecTV y dicen que lo hacían hasta con el logo de esa empresa.

ALTÍSIMAS AUTORIDADES

Si bien el escándalo estalló este miércoles al mediodía, la causa no es nueva en el Primer Juzgado de Instrucción ni en el Poder Judicial de San Juan.

Sucede que el juez Benito Ortizo, cuando recibió la denuncia, se inhibió de actuar porque entendía que correspondía al fuero federal. Se generó un conflicto de competencia (cuando los jueces no se ponene de acuerdo) y la denuncia llegó hasta la máxima autoridad judicial del país: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde allí se decidió que era el juez Ortiz quien debía intervenir y se ordenó que así fuera. Por eso el procedimiento estuvo a cargo del juez del fuero local.

Por ahora la causa no tiene detenidos y seguramente en los próximos días el juez Ortiz citará a declaración indagatoria a quienes figuren como responsables de Caucete TV.

TSJ

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